AHORA SI ES URGENTE UNA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL..
Ya han pasado varios días desde que las lluvias que trajo la Tormenta IDA dejaran una prueba que no admite ninguna duda sobre los altos niveles de vulnerabilidad que tiene la mayoría de la población Salvadoreña. Una prueba que no es sino una de tantas que ya ha sufrido la población de este país y que, pese a las reiteradas demandas de la misma, parece que sigue siendo desoída por la “clase” política de este país.
Son cinco días ya de respuestas dialécticas a este desastre. Cinco días de hablar de la necesidad de tomar medidas para que esto no vuelva a pasar, de hablar de actuar y de hablar de legislar.
Entre tantos temas que ahora se debaten surge, como uno de los elementos claves, el Ordenamiento Territorial. Un elemento que no es nuevo, un elemento del que se lleva hablando ya varios años y cuya necesidad se ha reconocido por activa y por pasiva desde muchos sectores de la sociedad salvadoreña. Sin embargo apenas dos meses atrás era rechazada en la asamblea legislativa una propuesta de ley pese a haber sido firmado públicamente un dictamen por todos los partidos políticos.
Son muchas las razones de fondo para que una ley de estas dimensiones sea rechazada por algunos sectores y estas razones poco tienen que ver con la búsquda de una mejora de la situación para el país que implique la reducción de las vulnerabilidades de la población y la mejora de sus condiciones de vida, sino mas bien con asegurar la inviolabilidad de los intereses económicos ligados, fundamentalmente, a la especulación con el suelo y la explotación de los recursos naturales.
Una ley de ordenamiento territorial ha de ir dirigida, esencialmente, a definir los usos y aprovechamientos del suelo buscando el bien común y la reducción de las desigualdades socioambientales. Y esto significa, inexorablemente, que las instituciones públicas han de tener la capacidad de restringir determinados usos en función de la vocación del territorio y los efectos que estos usos pueden suponer para la población, o lo que es lo mismo, la propiedad de la tierra no le da derecho a un individuo a hacer lo que quiera porque hay determinadas acciones que suponen un perjuicio para los demás y para uno mismo.
Sin embargo hay que señalar, por su importancia, que la ley que se ha estado discutiendo tiene grandes lagunas que hacen de ella una ley con un trasfondo claramente economicista y que está dirigida a organizar el país en función de los criterios del mercado, dejando en un segundo plano los fundamentos esenciales del Ordenamiento Territorial como son la reducción de las vulnerabilidades y la mejora de las condiciones de vida de la población a través de la reducción de las desigualdades.
Esta propuesta de ley no incluye como componente prioritario, ni siquiera como elemento de importancia, un enfoque claro y comprometido de sustentabilidad ambiental. Se prioriza el desarrollo económico tratando el componente ambiental bajo el enfoque de Recursos Naturales susceptibles de ser explotados o de ser valorizados para introducirlos en el sistema económico. Le da un valor mayor a los procesos de mitigación de impactos, fruto de las intervenciones sobre el territorio, que a la protección del medioambiente y sus componentes más importantes y, por lo tanto, no mercantilizables como son la biodiversidad, el agua, la seguridad y el resto de bienes y servicios ambientales.
Otro elemento fundamental, y que está relacionado directamentecon lo ocurrido estos días atrás, es que la propuesta de ley no considera la importancia de las cuencas hidrográficas en la Planificación Territorial. El ordenamiento Territorial debe hacerse desde una visión Integral que territorialmente se defina en unidades de Planificación y Manejo adecuadas por las interacciones que en ellas se producen y estas son las Cuencas Hidrográficas.
Si bien una regionalización para el Ordenamiento Territorial basada en las cuencas hidrográficas no es una opción para ninguno de los partidos políticos, priorizándose las divisiones administrativas, la ley debe incorporar, al menos, mecanismos para que dicha regionalización se articule y armonice con las cuencas hidrográficas y este es un vacio importante dentro de esta propuesta de ley ya que ninguno de los niveles de gestión e instrumentos de planificación propuestos en la ley incluyen en sus funciones y contenidos esta necesidad.
En el nivel de la institucionalidad del Ordenamiento Territorial, uno de los aspectos determinantes es que esta ha de ser organizada a nivel nacional pero dirigida por las instituciones públicas mas directamente relacionadas con el territorio y estas son las municipalidades. Aunque la ley en su redacción y propuestas concede un elevado nivel de competencias a las municipalidades hay elementos que contradicen este hecho y que de facto limitarán aún mas las competencias de estas.
Para poder ejercer las competencias en materia de Ordenamiento Territorial las municipalidades deben demostrar que tienen las capacidades necesarias instaladas, cosa que la mayoría de estas no lo poseen, así mismo, no se establece un programa de traspaso y/o creación de capacidades a nivel municipal para asumir estas competencias simplemente se expone que en caso de no poseerlas el OT será asumido por las instancias correspondientes del gobierno central. No se establece tampoco una financiación adicional para las municipalidades lo que hace mas difícil la incorporación de este tema por las municipalidades. Es importante señalar también que las figuras de planificación especiales (Planes Especiales Territoriales y Programas de Desarrollo Territorial) le dan al gobierno central la facultad de actuar sobre el territorio sin contar con las municipalidades.
Otro elemento de vital importancia, y que dadas las circunstancias actuales es el eje del discurso, es el de la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo este elemento no está contemplado dentro de la propuesta de ley como elemento prioritario pese a que las características geográficas del país lo exponen a graves amenazas (erupciones volcánicas, sismos, inundaciones, avenidas, deslaves, incendios, etc…) que además están variando sus pautas como consecuencia del cambio climático.
En el momento en el que ahora estamos, en el que la cuestión de la Gestión del Riesgo está en el discurso general, se ha puesto sobre la mesa el Ordenamiento Territorial como elemento clave para reducir las enormes vulnerabilidades de la población. Sin embargo hay que exigir un Ordenamiento Territorial dirigido a mejorar las condiciones del país, lo que supone mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes del mismo, no de los sectores económicamente fuertes. Hay que evitar que el Ordenamiento Territorial sea un instrumento para afianzar el status quo del modelo económico actual.
Ahora la cuestión es la siguiente ¿Estamos mejor sin esta ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial? La cuestión es relevante ya que la definición de un modelo territorial a través de una legislación de este tipo supone la definición de un modelo de estado y esto es de vital importancia para todos los salvadoreños, fundamentalmente para esa gran mayoría que vive en una situación de vulnerabilidad social, económica y ambiental.
En la situación en la que estamos actualmente no es viable el modelo existente tal y como ha quedado demostrado con los acontecimientos recientes por lo que es urgente la aprobación de una ley de OT y es urgente que las herramientas que esta determine comiencen a funcionar lo antes posible buscando un modelo territorial equitativo.
Pese a las deficiencias que la actual propuesta presenta hay elementos que si que pueden ser rescatados para hacer de ella un instrumento de cierta validez aunque será, necesariamente, un esfuerzo que ha de salir de las municipalidades en cuanto a su propia adquisición de capacidades para demostrar que pueden asumir competencias en este aspecto y de las comunidades en lo que se refiere al apoyo y la contraloría de estas.
El gobierno central debe jugar un papel protagónico a la hora de definir las competencias y funciones de los organismos estatales que surjan de esta ley y enfatizar en los aspectos socio económico y ambiental de la mayoría de la población a la hora de reglamentar dicha ley. Si no hay una actuación efectiva, propositiva y presupuestaria del actual gobierno y de las municipalidades la aprobación de esta ley puede convertirse en un factor mas del mantenimiento de la situación actual.
“Hay retos para los gobiernos, pero también para la sociedad”, Yvette Aguilar
“¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL CLIMA EN EL FUTURO?"